Los problemas con las inyecciones letales son sólo una pequeña parte de los males que aquejan la administración del castigo capital en Estados Unidos”, dijo el ex gobernador de Texas, Mark White, copresidente del comité.
Entre sus 39 conclusiones, el informe advierte que la ejecución de personas condenadas por homicidio puede violar la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe el castigo cruel, inusual y excesivo.
El estudio cuestiona la inclusión de homicidios accidentales y no intencionales entre los casos elegibles para ser ejecutados, “mientras asesinos premeditados e intencionales pueden evitar la pena de muerte”.
El reporte sugiere la mejora de los procedimientos de clemencia y un mejor acceso a la justicia para los acusados en espera de ejecución.
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