La
cocina del centro de detención bullía mientras una docena de migrantes hacían
frijoles cocidos y salchichas a la parrilla, preparando el almuerzo para
alrededor de otros 900 detenidos. Por otra parte, los guardias se mantenían
vigilantes y los supervisores hacían recuentos, eran los detenidos quienes
hacían la mayor parte del trabajo – trapeando los compartimientos de los baños,
doblando la ropa de cama, almacenando en los estantes del
comisariato.
Mientras que el gobierno estadounidense reprime a los migrantes que están en el país, y prohíbe a las empresas contratarlos, se basa en decenas de miles de esos inmigrantes cada año para proporcionar mano de obra esencial, por lo general de 1 dólar o menos al día, en los centros de detención en los que son retenidos cuando son atrapados por las autoridades.
Este programa de trabajo se enfrenta a una creciente resistencia por parte de los detenidos, y a las críticas de los defensores de los inmigrantes. En abril, mediante una demanda, se acusó a las autoridades de inmigración en Tacoma, Washington, de confinar en solitario a los detenidos, después de que realizaron un paro laboral y huelga de hambre. En Houston, los guardias presionaron a otros inmigrantes para cubrir los turnos dejados vacantes por los detenidos que se negaron a trabajar en la cocina, según los inmigrantes que fueron entrevistados.
Las autoridades estadounidenses dicen que el programa es voluntario, legal y ahorrará costos a los contribuyentes. Pero los defensores de los migrantes se preguntan si es realmente voluntario o legal, y argumentan que el gobierno y las empresas privadas que administran muchos de los centros de detención están torciendo las reglas para convertir a una población cautiva en una fuerza de trabajo autónoma.
El año pasado, al menos 60 mil inmigrantes trabajaron cubriendo puestos del gobierno estadounidense a nivel nacional, en los centros de detención, más que los trabajadores contratados por cualquier otro empleador en el país, según los datos de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La mano de obra barata, 13 centavos la hora, ahorra al gobierno y las empresas privadas 40 millones de dólares o más al año, lo que les permite evitar pagar a contratistas externos el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Algunos inmigrantes mantenidos en las cárceles del condado trabajan gratis o son pagados con gaseosas o golosinas, cuando proporcionan servicios como preparación de comidas para otras instituciones gubernamentales.
A diferencia de los reclusos condenados por delitos, que a menudo participan en programas de trabajo en la prisión y pierden sus derechos a la protección de su salario, estos inmigrantes son civiles detenidos, colocados en centros de detención, y la mayoría de ellos en espera de audiencias para determinar su situación jurídica.
Aproximadamente a la mitad de las personas que comparecen ante los tribunales de inmigración se les permite, en última instancia, permanecer en EU, a menudo porque estaban aquí legalmente, porque plantean un argumento humanitario convincente a un juez o porque las autoridades federales decidieron no seguir adelante con el caso.
''Pasé de ganar 15 dólares la hora como chef, a 1 dólar al día en la cocina del calabozo’', dijo Pedro Guzmán, de 34 años, quien había trabajado para restaurantes en California, Minnesota y Carolina del Norte antes de ser detenido y mantenido durante unos 19 meses, en su mayoría, en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia. “Y yo estaba legalmente en el país.”
Guzmán dijo que había tenido que trabajar aun cuando tuviera fiebre, que los guardias lo habían amenazado con régimen de aislamiento si llegaba tarde a su turno de 2 de la madrugada., y que su familia había incurrido en más de 75 mil dólares en deudas de honorarios legales y la pérdida de ingresos durante su detención. Fue liberado en 2011 después de que los tribunales renovaron su visa de asilo de Guatemala, que por error había sido revocada, en parte, debido a un error administrativo. Desde entonces, se le otorgó la residencia permanente.
ACUSACIONES DE EXPLOTACIÓN
Los funcionarios de las compañías de prisiones privadas se negaron a hablar sobre el uso de los inmigrantes detenidos, excepto para decir que era legal. Funcionarios estadounidenses dijeron que el trabajo ayuda a levantar la moral y la disciplina, y los gastos se recortan en un sistema de detención que cuesta más de 2 mil millones de dólares al año.
“El programa permite que los detenidos se sientan productivos y contribuyen a la operación ordenada de los centros de detención”, dijo Gillian M. Christensen, portavoz de la agencia de inmigración. Los detenidos en el programa no son oficialmente empleados, dijo, y sus pagos son estipendios, no salarios. Nadie está obligado a participar, agregó, y por lo general hay más voluntarios que puestos de trabajo.
Las normas de compensación en los centros de detención son los vestigios de una época pasada. Una ley de 1950 creó el Programa Federal de Trabajo Voluntario y fijó la tasa de pago en un dólar, en un momento en que su valor iba mucho más allá del actual, el equivalente sería de alrededor de 9.80 dólares en la actualidad.
La última vez que el Congreso revisó la tasa fue en 1979 y optó por no elevarla. Más tarde fue cuestionada en una demanda bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo, que establece las reglas del lugar de trabajo, pero en 1990 un tribunal de apelación confirmó la tasa, diciendo que “los detenidos extranjeros no son empleados del gobierno”.
Puede ser que los inmigrantes que permanecen en los centros de retención estén ilegalmente en el país, pero también puede ser que sean solicitantes de asilo, residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses cuya documentación es cuestionada por las autoridades.
UN VACÍO LEGAL
Algunos defensores de los inmigrantes expresan dudas sobre la legalidad del programa de trabajo, diciendo que el gobierno y los contratistas están explotando un vacío legal.
“Esto, en esencia, hace del gobierno, que prohíbe a todos los demás la contratación de personas sin documentos, el empleador individual más grande de inmigrantes indocumentados en el país”, dijo Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas en la Northwestern University, dijo que creía que el programa violaba la Enmienda 13, que abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo de un delito. “Por ley, se supone que las empresas contratadas por el gobierno federal deben igualar o aumentar los salarios locales, no cometer el robo de salarios”, dijo.
Los funcionarios de inmigración subestiman el número de inmigrantes implicados y las horas que trabajan, añadió Stevens. Basándose en extrapolaciones de los contratos del ICE que ha revisado, dijo que más de 135 mil inmigrantes pueden estar involucrados anualmente, y las compañías de prisiones privadas y el gobierno evitan el pago de más de 200 millones de dólares en salarios, que cobrarían empleadores externos.
Gary Mead, quien fue un administrador de ICE hasta el año pasado, dijo que la agencia revisó las ofertas de contrato de las empresas privadas, para garantizar que no sobreestimarían su dependencia en los detenidos, para administrar los centros.
Los detenidos no pueden trabajar más de 40 horas a la semana u ocho horas diarias, según la agencia. Se limitan a un trabajo que contribuye directamente a la operación de su centro de detención, dijo Christensen, la vocera de la agencia, y se supone que no deben proporcionar servicios o manufacturar bienes para el mercado exterior. Pero esa regla no parece ser estrictamente aplicada.
Mientras que el gobierno estadounidense reprime a los migrantes que están en el país, y prohíbe a las empresas contratarlos, se basa en decenas de miles de esos inmigrantes cada año para proporcionar mano de obra esencial, por lo general de 1 dólar o menos al día, en los centros de detención en los que son retenidos cuando son atrapados por las autoridades.
Este programa de trabajo se enfrenta a una creciente resistencia por parte de los detenidos, y a las críticas de los defensores de los inmigrantes. En abril, mediante una demanda, se acusó a las autoridades de inmigración en Tacoma, Washington, de confinar en solitario a los detenidos, después de que realizaron un paro laboral y huelga de hambre. En Houston, los guardias presionaron a otros inmigrantes para cubrir los turnos dejados vacantes por los detenidos que se negaron a trabajar en la cocina, según los inmigrantes que fueron entrevistados.
Las autoridades estadounidenses dicen que el programa es voluntario, legal y ahorrará costos a los contribuyentes. Pero los defensores de los migrantes se preguntan si es realmente voluntario o legal, y argumentan que el gobierno y las empresas privadas que administran muchos de los centros de detención están torciendo las reglas para convertir a una población cautiva en una fuerza de trabajo autónoma.
El año pasado, al menos 60 mil inmigrantes trabajaron cubriendo puestos del gobierno estadounidense a nivel nacional, en los centros de detención, más que los trabajadores contratados por cualquier otro empleador en el país, según los datos de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La mano de obra barata, 13 centavos la hora, ahorra al gobierno y las empresas privadas 40 millones de dólares o más al año, lo que les permite evitar pagar a contratistas externos el salario mínimo federal de 7.25 dólares por hora. Algunos inmigrantes mantenidos en las cárceles del condado trabajan gratis o son pagados con gaseosas o golosinas, cuando proporcionan servicios como preparación de comidas para otras instituciones gubernamentales.
A diferencia de los reclusos condenados por delitos, que a menudo participan en programas de trabajo en la prisión y pierden sus derechos a la protección de su salario, estos inmigrantes son civiles detenidos, colocados en centros de detención, y la mayoría de ellos en espera de audiencias para determinar su situación jurídica.
Aproximadamente a la mitad de las personas que comparecen ante los tribunales de inmigración se les permite, en última instancia, permanecer en EU, a menudo porque estaban aquí legalmente, porque plantean un argumento humanitario convincente a un juez o porque las autoridades federales decidieron no seguir adelante con el caso.
''Pasé de ganar 15 dólares la hora como chef, a 1 dólar al día en la cocina del calabozo’', dijo Pedro Guzmán, de 34 años, quien había trabajado para restaurantes en California, Minnesota y Carolina del Norte antes de ser detenido y mantenido durante unos 19 meses, en su mayoría, en el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia. “Y yo estaba legalmente en el país.”
Guzmán dijo que había tenido que trabajar aun cuando tuviera fiebre, que los guardias lo habían amenazado con régimen de aislamiento si llegaba tarde a su turno de 2 de la madrugada., y que su familia había incurrido en más de 75 mil dólares en deudas de honorarios legales y la pérdida de ingresos durante su detención. Fue liberado en 2011 después de que los tribunales renovaron su visa de asilo de Guatemala, que por error había sido revocada, en parte, debido a un error administrativo. Desde entonces, se le otorgó la residencia permanente.
ACUSACIONES DE EXPLOTACIÓN
Los funcionarios de las compañías de prisiones privadas se negaron a hablar sobre el uso de los inmigrantes detenidos, excepto para decir que era legal. Funcionarios estadounidenses dijeron que el trabajo ayuda a levantar la moral y la disciplina, y los gastos se recortan en un sistema de detención que cuesta más de 2 mil millones de dólares al año.
“El programa permite que los detenidos se sientan productivos y contribuyen a la operación ordenada de los centros de detención”, dijo Gillian M. Christensen, portavoz de la agencia de inmigración. Los detenidos en el programa no son oficialmente empleados, dijo, y sus pagos son estipendios, no salarios. Nadie está obligado a participar, agregó, y por lo general hay más voluntarios que puestos de trabajo.
Las normas de compensación en los centros de detención son los vestigios de una época pasada. Una ley de 1950 creó el Programa Federal de Trabajo Voluntario y fijó la tasa de pago en un dólar, en un momento en que su valor iba mucho más allá del actual, el equivalente sería de alrededor de 9.80 dólares en la actualidad.
La última vez que el Congreso revisó la tasa fue en 1979 y optó por no elevarla. Más tarde fue cuestionada en una demanda bajo la Ley de Normas Razonables de Trabajo, que establece las reglas del lugar de trabajo, pero en 1990 un tribunal de apelación confirmó la tasa, diciendo que “los detenidos extranjeros no son empleados del gobierno”.
Puede ser que los inmigrantes que permanecen en los centros de retención estén ilegalmente en el país, pero también puede ser que sean solicitantes de asilo, residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses cuya documentación es cuestionada por las autoridades.
UN VACÍO LEGAL
Algunos defensores de los inmigrantes expresan dudas sobre la legalidad del programa de trabajo, diciendo que el gobierno y los contratistas están explotando un vacío legal.
“Esto, en esencia, hace del gobierno, que prohíbe a todos los demás la contratación de personas sin documentos, el empleador individual más grande de inmigrantes indocumentados en el país”, dijo Carl Takei, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles.
Jacqueline Stevens, profesora de ciencias políticas en la Northwestern University, dijo que creía que el programa violaba la Enmienda 13, que abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto como castigo de un delito. “Por ley, se supone que las empresas contratadas por el gobierno federal deben igualar o aumentar los salarios locales, no cometer el robo de salarios”, dijo.
Los funcionarios de inmigración subestiman el número de inmigrantes implicados y las horas que trabajan, añadió Stevens. Basándose en extrapolaciones de los contratos del ICE que ha revisado, dijo que más de 135 mil inmigrantes pueden estar involucrados anualmente, y las compañías de prisiones privadas y el gobierno evitan el pago de más de 200 millones de dólares en salarios, que cobrarían empleadores externos.
Gary Mead, quien fue un administrador de ICE hasta el año pasado, dijo que la agencia revisó las ofertas de contrato de las empresas privadas, para garantizar que no sobreestimarían su dependencia en los detenidos, para administrar los centros.
Los detenidos no pueden trabajar más de 40 horas a la semana u ocho horas diarias, según la agencia. Se limitan a un trabajo que contribuye directamente a la operación de su centro de detención, dijo Christensen, la vocera de la agencia, y se supone que no deben proporcionar servicios o manufacturar bienes para el mercado exterior. Pero esa regla no parece ser estrictamente aplicada.
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