Tras presentar su informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, la organización Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano tomar medidas urgentes para finalizar el uso persistente y generalizado de la tortura por parta de la policía y las fuerzas militares.
El informe analiza el aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. En donde sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
Tan solo del 2010 al 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por tortura y otros malos tratos, de las cuales sólo emitió recomendaciones públicas que confirmaban la tortura en 44 casos.
En la misma sintonía, desde el 2006 al 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) inició 1.219 investigaciones sobre denuncias de tortura y otros malos tratos, pero sólo presentó cargos en 12 casos.
En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.
En febrero del 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad arraigada y las graves violaciones de los derechos humanos en el país.
Por su parte, Erika Guevara Rosas, Directora de las Américas Amnistía Internacional, señaló "Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos".
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