La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a una persona acusada de secuestro, luego de comprobarse violaciones al debido proceso al momento de su detención.
Al respecto y ante la persistencia de casos de esa índole por el Ministerio Público, los ministros advirtieron a las procuradurías del país que se apeguen a la ley, ante el riesgo de que los jueces se vean obligados a liberar a delincuentes de alta peligrosidad.
En el análisis al recurso 1428/2012 interpuesto por Hugo Martínez Gorostieta, señalado como líder de un grupo delictivo conocido como "Los Wonders", los ministros anularon la sentencia de 103 años de prisión que se le dictó, por lo que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) tendrá que emitir una nueva.
La violación al debido proceso se cometió porque los policías responsables de arrestar a Martínez Gorostieta no lo pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, como ordena la ley.
En lugar de conducirse en apego a la norma, los agentes lo mantuvieron retenido por más de seis horas, tiempo en el que obtuvieron pruebas contra el secuestrador que ahora deberán ser desestimadas y eliminadas del expediente.
Para emitir una nueva sentencia, el TSJDF deberá eliminar las pruebas que se obtuvieron mientras el presunto delincuente estuvo detenido de manera ilegal por los policías y aún puede condenarlo si encuentra suficientes elementos, incluso después de descartar la evidencia obtenida de forma indebida.
Entre las pruebas que el juez de origen debe eliminar se encuentran la confesión del reo, la geolocalización del teléfono celular que se le decomisó y el informe policiaco de su puesta a disposición.
Pero más allá del caso concreto reflejado en este amparo directo en revisión, los ministros constataron que los policías, y en ocasiones el Ministerio Público, no han entendido la importancia de respetar el debido proceso, para el éxito de sus consignaciones ante los órganos jurisdiccionales.
En este contexto es que los ministros de la Primera Sala de la SCJN confiaron en que las autoridades responsables de la investigación de los delitos capten el mensaje y se conduzcan con pleno respeto a la ley.
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